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| La Ministra Bañez y representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme |
Madrid, 2 sep (EFECOM).- El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales una nueva fórmula de revalorizar las pensiones a partir de 2014 que no esté ligada sólo al IPC y que asegure una subida mínima del 0,25 %, al tiempo que ha planteado empezar a aplicar desde 2019 el factor de sostenibilidad para adecuarlas a la esperanza de vida.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, confía en que la reforma sea fruto del consenso, tanto con los agentes sociales como con los grupos políticos en el Pacto de Toledo, aunque el proyecto de ley deberá estará tramitado antes del 31 de diciembre, de acuerdo con el calendario del Ejecutivo.
Tras la reunión de hoy, los sindicatos ya han avanzado que la negociación no será fácil y que intentarán modificar las dos propuestas, mientras que la patronal no ha querido valorarlas hasta conocerlas en detalle y ha reclamado que sean fruto del diálogo social.
Según la propuesta de Báñez, en 2014 comenzará a aplicarse el nuevo Índice de Revalorización de Pensiones, que tomará como referencia no sólo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema, así como su situación de déficit o superávit estructural.
El índice tendrá un suelo y un techo, de manera que las pensiones siempre subirán como mínimo un 0,25 % anual y como máximo el IPC más el 0,25 %.
La fórmula de revalorización tendrá también en cuenta el "efecto sustitución", el número de pensionistas que entran en el sistema respecto a los que salen.
La ministra ha insistido en que este indicador garantizará que ningún pensionista presente o futuro vea mermada y tenga siempre un incremento, "independientemente de la situación económica".
En su opinión, esta fórmula dará "confianza, certidumbre y tranquilidad a los pensionistas y evitará adoptar medidas drásticas en los ciclos bajos.
Respecto a la revalorización de las pensiones este año, la ministra ha señalado que el IPC quedará en 2013 entre el 0,8 % y el 1 %, situación que permitirá que el 70 % de los pensionistas a los que se les subió un 2 % la prestación a comienzos de año ganarán poder adquisitivo.
En estas circunstancias, el resto de pensionistas, que cobran más de mil euros y a los que se les incrementó la prestación un 1 % a comienzos de año, "no perderán poder adquisitivo".
Sobre el factor de sostenibilidad, Báñez ha explicado que se aplicará desde 2019 y que adecuará el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida utilizando un coeficiente corrector.
En todo caso, ha reiterado que su aplicación se producirá "una sola vez" a las nuevas pensiones, actuando sobre la primera pensión de los nuevos jubilados a partir de 2019.
Báñez ha recalcado que se trata de una fórmula equilibrada que garantiza la "solidaridad entre generaciones" y que será revisada cada cinco años, según crezca o baje la esperanza de vida.
"No conllevará aumentar la edad de jubilación, respetará los derechos adquiridos de los pensionistas e introduce un índice que es objetivo y se libra de decisiones políticas futuras", ha incidido.
Ha negado que se quiera introducir un modelo privado y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá manteniendo un modelo de pensiones público y de reparto.
Asimismo, ha dicho que a estas dos propuestas podrían sumarse otras nuevas que actúen sobre los ingresos del sistema.
Por su parte, los representantes sindicales han criticado la falta de datos concretos y documentos sobre las dos nuevas reformas que propugna el Gobierno y han advertido de que las negociaciones serán "complejas y difíciles".
La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha alertado de que el nuevo indicador de revalorización de las pensiones supondrá una pérdida de poder adquisitivo ya que no subirán igual que el IPC, sino que tendrán un límite.
El secretario confederal de Protección Social y de Políticas Públicas, Carlos Bravo, también ha insistido en que "no es imprescindible" abordar ahora la reforma de las pensiones y ha mostrado su temor de que los nuevos cambios sólo persigan utilizar el sistema de pensiones para controlar el déficit público mediante ajustes presupuestarios.
La directora del departamento sociolaboral de CEPYME, Teresa Díaz de Terán, ha apelado a la participación activa de las organizaciones patronales en el diálogo social durante las últimas décadas y ha dejado claro, sin entrar a valorar las propuestas del Gobierno, que trabajarán por el mantenimiento del sistema de pensiones público.
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