El real decreto pasa ahora al Congreso para su debate y votación, después de que se hayan introducido algunas modificaciones en el texto que llegó a la Cámara Alta.
El único veto, rechazado por el pleno y que sólo recibió tres votos a favor, fue presentado por ERC, una propuesta que su portavoz, Ester Capella, justificó por la ausencia de medidas que generen estabilidad laboral y ocupación cualificada.
El veto defiende, a cambio, medidas que mejoren los incentivos y las bonificaciones, que establezcan un contrato indefinido, estable, de transición y con una indemnización reducida y también medidas de discriminación positiva para las mujeres.
Para ERC, las medidas deberían ir encaminadas a garantizar la inserción profesional y estable de los jóvenes en el mercado laboral.
Además, en su tramitación en el Senado se han presentado 334 enmiendas: 97 de Entesa, 85 de CiU, 71 del PSOE, 49 del grupo Mixto, 31 del PNV y una del PP, la única aprobada, y que determina con claridad el régimen aplicable a los contratos celebrados entre el 24 de febrero de 2013 y la fecha de entrada en vigor de la Ley.
Asimismo, se han aprobado dos enmiendas transaccionales, una de ellas basada en sendas de Entesa y del grupo Mixto y con el apoyo del resto de grupos, que hace referencia a las cooperativas de nueva creación, y otra que el PP ha complementado con una de CiU.
El senador del PSOE Ricardo Jacinto Varela ha aprovechado su intervención en la defensa de enmiendas para criticar la falta de explicaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el caso Bárcenas.
Varela ha afirmado que habría que averiguar cuánto le cuesta en desconfianza a España tener un presidente "bajo sospecha", por lo que ha pedido "despejar las dudas que entorpecen el camino".
Palabras que han sido contestadas por la senadora del PP Virginia Romero al afirmar que la falta de confianza es la que había cuando estaba el PSOE en el poder, "que cogió un país saneado y en ocho años lo llevó a la más absoluta ruina".
El real decreto recoge una tarifa plana de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social durante seis meses para menores de 30 años que empiecen una actividad por cuenta propia y permite compatibilizar la prestación del paro con una actividad como autónomo.
También prevé un contrato a tiempo parcial con formación que posibilita una reducción del 75 % de las cuotas a la Seguridad Social o la eliminación de la cotización por contingencias comunes por la contratación indefinida a un menor de 30 años si supera los 18 meses de empleo.
Las ayudas a la contratación estarán vigentes hasta que la tasa de paro baje del 15 %.
El decreto también contiene medidas sobre fiscalidad para los autónomos, una de ellas sobre el impuesto de sociedades, con un tipo de gravamen del 15 % para los primeros 300.000 euros de base imponible y del 20 % para el exceso sobre dicho importe.
Otras medidas son sobre el sector ferroviario, para impulsar los procesos de liberalización ya iniciados, y el de los hidrocarburos, para reducir las barreras de entrada de nuevos operadores.
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