Tras meses de hermetismo y encontronazos de última hora entre los ministros de Hacienda e Industria, el Consejo de Ministros ha visto hoy el anteproyecto de ley que empezará a tomar forma mañana con un real decreto de medidas urgentes y que se desarrollará con ocho decretos más.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha definido esta reforma como una de las más importantes del programa del Gobierno, ha asegurado que era la "definitiva" para lograr la sostenibilidad financiera del sistema sin cargar "de forma exclusiva" a los consumidores que, no obstante, verán subir sus recibos eléctricos un 3,2 % a partir de agosto.
Para lograr esa sostenibilidad del sistema, el Gobierno ha tenido que repartir el "sufrimiento" de los 4.500 millones de déficit estructural que seguía generando el sistema eléctrico al resultar insuficientes los ingresos para cubrir los costes. Un agujero que ha sumado 26.000 millones en una década.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha detallado cómo se logrará ajustar esta cantidad: 2.700 millones vendrán de la reducción de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y retribución a las renovables), 900 millones se pasarán a Presupuestos Generales y 900 millones más de los peajes.
En la primera partida, los ajustes vendrán de cambios de modelos de retribución. En el caso de las renovables, que dejarán de regirse por el mecanismo de primas, cobrarán incentivos en función de tener garantizada una rentabilidad, ligada a los costes de inversión, del 7,5 % (bono a diez años más 300 puntos básicos) para toda la vida del proyecto, entre 20 y 25 años normalmente.
Para las redes (distribución y transporte) la rentabilidad será del 6,5 % (bono a diez años más 200 puntos básicos).
Junto a estas menores rentabilidades, se reducirán los pagos por capacidad, lo que reciben algunas empresas por tener disponibles plantas, y se ajustarán los costes en los sistemas insulares.
La patronal de las grandes eléctricas, así como las principales asociaciones renovables, han rechazado una reforma que pone en riesgo empleo, inversiones e incluso la viabilidad de algunos proyectos.
De hecho, la bolsa se ha teñido de rojo arrastrada por los valores del sector, con caídas superiores al 8 % en el caso de Acciona y Gas Natural Fenosa.
El PSOE también ha mostrado su rechazo y ha anunciado que presentará una propuesta de reforma estructural del sector energético.
En cuanto a los 900 millones que pasan a los Presupuestos Generales son la mitad de los sobrecostes que conlleva generar la electricidad en los sistemas extrapeninsulares, y el punto que ha enfrentado a Montoro y Soria, que quería que esa partida pasase de forma íntegra a Hacienda.
A los consumidores les ha tocado cargar con otros 900 millones a través de esa subida del 3,2 %, en una tarifa que ahora pasará a denominarse "precio voluntario al pequeño consumidor" en lugar de último recurso o TUR.
Soria ha señalado que si esos 4.500 millones hubieran recaído únicamente sobre los consumidores, el incremento del precio de la luz para este año habría sido del 19 %.
De cara al consumidor, también se propone un modelo de factura más claro y gratuidad de los servicios de atención al cliente.
Junto a esto la reforma aborda numerosos aspectos del sistema: permitirá parar temporalmente unos 6.000 MW de ciclos combinados, regula el autoconsumo o modifica la forma de financiar futuros déficit de tarifa que tendrán que costear más empresas.
También introduce un mecanismo de estabilidad futuro: cada medida que conlleve un aumento de costes elevará en la misma proporción los ingresos, es decir los peajes que se cobran a los consumidores vía recibo de la luz.
Todo para intentar acabar de una vez con el déficit de tarifa, un problema que el sector arrastra desde hace una década.
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